Corría el año 2013 cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió ofrecer la obtención del permiso de residencia en España a cambio de inversión extranjera.
Se establecieron varias vías: inversión de dos millones de euros en deuda pública española, inversión de un millón en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, inversión de un millón de euros en fondos de inversión o depósitos de entidades bancarias españolas y la que resultó más polémica: la adquisición de un inmueble de un valor mínimo de 500.000 euros en suelo español.
La Unión Europea ha presionado a los distintos estados miembros para que dejen de utilizar estas medidas, tras sospechar que abría una vía al blanqueo de capitales y la corrupción en otros países. En el caso español y según datos del gobierno, se habían concedido 14.576 “Golden Visa” hasta 2023, destacando los inversionistas procedentes de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Irán y Venezuela.
Países como Irlanda, Portugal, Australia o Reino Unido ya han tomado medidas para limitar o acabar con el permiso de residencia a cambio de traer capital o bienes.
En el caso español podemos comprobar que el mercado inmobiliario está muy tensionado en las provincias más importantes económicamente. Fomentar la compra de viviendas de lujo habría contribuido a aumentar el volumen del negocio inmobiliario y, con ello, un incremento de los precios en general. Y este es el motivo que alega el gobierno español para anunciar la próxima derogación de las llamadas “Golden Visa”.